En un giro inesperado dentro de la política estadounidense hacia Venezuela, el presidente Donald Trump ha otorgado al senador Marco Rubio un poder sin precedentes sobre el manejo de los fondos venezolanos destinados a la reconstrucción del país. Esta decisión, tomada en medio de crecientes preocupaciones sobre la posible supervivencia o reciclaje del régimen chavista bajo el mando provisional de Delcy Rodríguez, se materializó a través de un decreto ejecutivo firmado el 9 de enero de 2026, sin anuncio público previo. El decreto declara una emergencia nacional para proteger los activos venezolanos de embargos, transferencias o procesos judiciales, estableciendo que su uso estará sujeto a las instrucciones del Secretario de Estado, lo que en la práctica convierte a Rubio en el único árbitro sobre cómo se gastará cada dólar destinado a la transición venezolana.
La medida, que blinda los fondos derivados de la venta de recursos venezolanos y los coloca bajo custodia de Estados Unidos, busca evitar que la caída de Nicolás Maduro desemboque en una transición controlada por los mismos engranajes que sostuvieron el régimen durante años. La orden ejecutiva tiene un doble propósito: proteger los fondos del asedio de acreedores internacionales y evitar que el dinero termine absorbido por el sistema de corrupción que definió al chavismo. La Casa Blanca ha insistido en que Delcy Rodríguez no tendrá ninguna capacidad de decisión sobre estos recursos, una garantía política para los republicanos en Washington y una advertencia para Caracas.
El decreto describe estos fondos como «propiedad soberana» de Venezuela, pero bajo una custodia estrictamente externa, de Rubio. No se trata de una operación comercial, sino de una herramienta de política exterior para control remoto de la dictadura. El Tesoro deberá designar las cuentas de forma que quede claro que el dinero no pertenece a Estados Unidos, pero tampoco puede ser usado sin autorización. La Administración lo presenta como una barrera técnica contra el desvío, una forma de mantener el control desde Washington mientras se administra una transición que sigue siendo frágil. Esta decisión se produce en un momento en que Trump intenta sostener un equilibrio incómodo, manteniendo una relación de trabajo con Delcy Rodríguez para gestionar expedientes urgentes, mientras internamente busca blindar cada paso para que esa cooperación no se interprete como indulgencia. El dinero del crudo, en este contexto, es la línea roja.
Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas. En el Capitolio, los republicanos de Florida, la delegación más influyente en la política hacia Venezuela y la más conectada con el exilio, han expresado un escepticismo abierto sobre el plan de vender petróleo venezolano mientras Delcy siga en el poder. Trump contempla vender hasta 50 millones de barriles de crudo, y la primera operación, según fuentes citadas por el medio Semafor, habría generado 500 millones de dólares, una parte sustancial de los cuales fue inyectada de vuelta en la economía venezolana. Para los diputados de Florida, esta cifra no es un alivio, sino una alarma.
Mario Díaz-Balart argumentó que Rodríguez no es solo una figura provisional, sino alguien con «un historial extensísimo de corrupción». María Elvira Salazar reclamó supervisión permanente, mientras que Carlos Giménez planteó la necesidad de pagar salarios o comprar suministros para la población, pero no para que el régimen se apropie del dinero. Detrás de estas advertencias hay una sospecha estructural: que el chavismo, incluso descabezado tras la captura de Maduro, conserve el control de la burocracia, de los puertos, de la cadena de mando y de los circuitos financieros informales. El temor no es solo que el dinero se pierda, sino que se convierta en combustible para una continuidad encubierta e indeseada.
El decreto ejecutivo que blinda los fondos petroleros define estos ingresos como propiedad de Venezuela que «será retenida en custodia por el gobierno de Estados Unidos… pendiente de disposición soberana para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos determinados por el secretario de Estado«. Este lenguaje contrasta con la retórica de Trump, quien ha afirmado que su Administración está «entregando» o gestionando el crudo venezolano para abrir el país a las compañías estadounidenses y recuperar inversión nacional. En realidad, el decreto no remite a una cesión a un individuo, sino a un control institucional que busca evitar que el dinero sea usado por acreedores o por redes vinculadas al antiguo régimen. Trump ha defendido su estrategia energética como una forma de atraer a las grandes petroleras de Estados Unidos para invertir en la reconstrucción de Venezuela, ofreciendo seguridad y garantías de gobierno para que compañías como Chevron, Exxon o Conoco gastaran miles de millones de dólares en infraestructura petrolera. El objetivo, según la administración, es generar estabilidad política y económica que haga posible negocios sostenibles para esas empresas en un país con las mayores reservas de crudo del mundo, pese a los riesgos e incertidumbres iniciales del entorno.
La decisión de Trump de delegar en Marco Rubio el control de los fondos venezolanos marca un punto de inflexión en la política de Estados Unidos hacia el país sudamericano. Si bien busca proteger los activos de la corrupción y garantizar una transición controlada, también genera interrogantes sobre el papel de Estados Unidos en la reconstrucción de Venezuela y la posible injerencia en sus asuntos internos. El tiempo dirá si esta estrategia logra los objetivos deseados o si, por el contrario, complica aún más la ya de por sí compleja situación venezolana.
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