El Gobierno italiano, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas de seguridad que endurecen las regulaciones sobre el derecho de manifestación. Las disposiciones, aprobadas este jueves, facultan a la policía a retener preventivamente en comisaría, hasta por 12 horas, a personas sospechosas de provocar altercados durante manifestaciones. Esta medida se basa en la sospecha fundada de que los individuos puedan incurrir en conductas peligrosas para el desarrollo pacífico de la protesta o para la seguridad pública, considerando sus antecedentes o la posesión de objetos que puedan ser utilizados para causar disturbios.
Retenciones Preventivas: Un Nuevo Instrumento Policial
La normativa faculta a la policía a «acompañar a sus oficinas y retener durante un máximo de 12 horas para las consiguientes investigaciones policiales a las personas sobre las que (…) existan motivos fundados para creer que incurran en conductas de peligro concreto para el desarrollo pacífico de la manifestación y para la seguridad pública». La decisión de retener a un individuo debe ser, en todo caso, validada por un magistrado.
La posibilidad de retención se aplica a sospechas «basadas en elementos fácticos, incluidos los que se infieren de la posesión de armas, instrumentos susceptibles de causar ofensas, el uso de petardos, cascos o instrumentos que dificulten la identificación, o de la relevancia de antecedentes penales o denuncias policiales por delitos cometidos con violencia contra las personas o las cosas durante manifestaciones públicas en los últimos cinco años». La medida, según el gobierno, busca prevenir la escalada de violencia y proteger la seguridad ciudadana durante las protestas.
Reacciones de la Oposición y Debate Jurídico
La oposición política ha expresado su enérgica condena a las nuevas medidas. Riccardo Magi, secretario de Más Europa, argumentó que «para limitar la libertad personal en un Estado de derecho se requiere un acto judicial. Poner este poder en manos de las autoridades de seguridad pública, y por lo tanto del Ejecutivo, es típico de regímenes iliberales». Arturo Scotto, del Partido Democrático (PD), acusó a Meloni de «vivir en la luna», argumentando que la urgencia nacional no reside en la represión de manifestaciones, sino en abordar problemas económicos como los salarios bajos y el aumento del costo de vida.
El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, defendió las medidas argumentando que «no es en absoluto una medida liberticida, está presente en casi todos los ordenamientos europeos». Piantedosi también aseguró que la retención en comisaría «está vinculada a condiciones indiciarias muy importantes», minimizando las preocupaciones sobre posibles abusos.
Prohibición de Participar en Manifestaciones para Condenados
Otra medida clave del paquete es la prohibición, impuesta por un juez al dictar sentencia, de participar en manifestaciones a personas condenadas por una docena de delitos violentos. Estos delitos incluyen desde el atentado terrorista hasta daños en edificios públicos e infraestructuras, así como lesiones a fuerzas del orden, incluso árbitros. Durante la convocatoria de movilizaciones, estas personas podrían ser citadas para comparecer en comisaría. Además, se incrementan las sanciones a 10.000 euros para los promotores de protestas no autorizadas previamente.
Inicialmente, la primera medida contemplaba hasta 48 horas de «acompañamiento» en comisaría sin control judicial. Sin embargo, la intervención del presidente de la República, Sergio Mattarella, moderó los términos, subrayando la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales.
Paralelismos Históricos y Advertencias sobre el Clima Político
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, estableció una comparación entre el momento actual y los años setenta, marcados por el terrorismo de extrema izquierda y neofascista. Nordio afirmó que las Brigadas Rojas surgieron «precisamente por una insuficiente atención, también de parte del Estado, hacia estas formas de agresividad odiosa hacia las fuerzas del orden». El ministro concluyó que el objetivo actual es «evitar, con actividades de prevención y represión, que esos tristes momentos se repitan».
El decreto ley, que requiere justificación de urgencia para su entrada en vigor inmediata, y el proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Parlamento, forman parte de un conjunto más amplio de medidas diseñadas para abordar la seguridad en Italia. El Gobierno también anunció la próxima aprobación de nuevas medidas restrictivas en materia de inmigración, incluyendo el controvertido «bloqueo naval».
Endurecimiento de Penas por Posesión de Armas Blancas
El decreto también endurece las penas por la posesión y venta de armas blancas y cuchillos a menores, en respuesta a recientes incidentes de agresiones entre adolescentes. Portar una navaja de más de ocho centímetros sin justificación puede acarrear penas de prisión de seis meses a tres años. También se contemplan multas para los padres en caso de que los acusados sean menores de edad.
El Ejecutivo justifica la promulgación de este decreto tras los incidentes ocurridos en una protesta en Turín, donde resultaron heridos 108 policías y 45 manifestantes. La marcha, convocada en protesta por el desalojo de un centro social, degeneró en enfrentamientos entre un grupo violento y la policía. La imagen de un agente agredido en el suelo por varios individuos, uno de ellos con un martillo, ha sido utilizada por el Gobierno para justificar la necesidad de leyes más severas. La liberación de tres de los detenidos ha servido, según el gobierno, para evidenciar las carencias del marco legal vigente.
